Cuando los grupos sistematizan sus experiencias, se crean unas maquinarias infernales de corrupción socializada. Estas maquinas de corrupción,  están siendo alentadas por los discursos de la privatización, que si bien en los países más desarrollados pudo representar una modalidad de modernización en el Estado del bienestar, no lo ha sido en la mayoría de los países latinoamericanos, porque en ellos además de no haber existido nunca el llamado bienestar protegido por el Estado, las privatizaciones se han convertido en la entrega de las pocas empresas estatales productivas a las manos de los mismos grupos económicos que han dominados los mercados estrechos de estas naciones.

Ahora ya no sólo se tiene el monopolio de los bienes de alimentación, vestido y vivienda, sino que los mismo grupos han creado los equipos políticos para que aboguen y entreguen las empresas de servicios públicos a las manos privadas, que siempre en nuestros países pobres, de mercados estrechos se van a encontrar en posición de ventaja monopolística, concentrando aún más las riquezas nacionales.

En los casos de las privatizaciones, funciona de igual forma las maquinarias de corrupción ya analizadas. Para la realización de estas privatizaciones, los equipos colocan sus agentes en las empresas susceptibles, para que arme su discurso de los costos de producción, frente a los de oportunidad de empleo de los mismos recursos en asuntos sociales –lo que no encuentra opositores– y de lógica se entra a plantear la venta al capital privado, quien la mayoría de las veces, o incrementa la fiscalización de sus medios de opinión o quiebra los precios en el mercado para hacer que aquella empresa estatal no aguanta la competencia y entonces ella se tenga que entregar a un grupo de inversores que tienen el sentido cívico de salvar la empresa y algunos empleos que ella genera.

Existe de otra parte, también en las privatizaciones, la vía de ‘compra de sociedad’, basada en la composición social de los equipos, quienes como suele ocurrir en comunidades socialmente cerradas como las nuestras están compuestos de personas que van en ascenso mediante la profesión y que aún no tienen abolengo; entonces es la oportunidad de sembrar funcionarios en esas posiciones claves para las privatizaciones desde las cuales se adquiere prestigio en  la carrera profesional y  ‘roce social’ a través del cargo, (y mientras esté allí) proporcionado por los grupos económicos, en unión con los centros sociales, (que regalan acciones o nombran a ciertos gerentes públicos socios honorarios o visitantes ilustres) y los gremios o asociaciones de profesionales. Este mecanismo es altamente lucrativo ya que los equipos políticos esquiladores de la ‘res pública’ trasladan sus intereses de poder de las instituciones de servicios públicos puros (los asociados a la defensa, la justicia y  la hacienda)  a las entidades y empresas, que prestan servicios susceptibles de introducir al mercado y la libre competencia.

La pugna ya no es por la orientación de los asuntos públicos (que hacer por la pobreza, por la seguridad ciudadana, la salud, la educación, etc.) sino por las políticas empresariales que se deben de tomar (como recuperar la inversión de la compra de un tomógrafo, de una termoeléctrica, de una central telefónica, la semaforización, etc.). En verdad los discursos se tuercen hacia la eficiencia y eficacia empresarial, más que hacia la calidad del servicio, hacia la rentabilidad social, los precios subsidiados y el bienestar general; en una forma tan preocupante, que ya gente no entiende donde están las ideas, las ideologías, los valores y los principios partidistas; los encuentros políticos y las palabras de ellos con la gente parecen más declaraciones de ejecutivos empresariales y claro, es por ellos que se están prefiriendo a los nacidos en los grupos económicos para gobernar que los que vienen de la política. Es lo que se ha denominado política LIGHT,  o BUSINESS, ya que el discurso es simple y lleno de cifras racionalistas de los posibles resultados de la organización que se pretende ‘ganar’. Es la preocupación por el ‘cómo’, por lo técnico y no por el aspecto político, ya que este distorsiona los resultados. Es todo un esfuerzo por esconder la verdad sobre la repartición de los beneficios de los bienes públicos, que termina el ciudadano no sabiendo por quién vota, si por una persona que le arreglará la situación social o si está eligiendo a un gerente que le impone un precio por los servicios. En esto termina, esta orientación empresarial del Estado –en nuestro país Colombia–: El ciudadano en un cliente y el político en un gerente.