En la lucha contra la corrupción, mal que padecen muchos Estados entre ellos Colombia, por lo mostrado con los casos destapados por el actual presidente Santos, tiene que ver mucho la posición que adopta el superior de la organización ya sea ella privada o pública, porque la corrupción no es solo para esta última.

 Lo que en las primeras no pasa de ser simplemente un hurto o robo, que afecta las utilidades del capital privado y su dueño, así los administradores no se den por advertidos de los hechos, lo que sucede con las organizaciones y entidades públicas, es que los recursos son de todos los ciudadanos y su apropiación en cualquiera  de las formas que se consideran delitos, afectan el desarrollo de la comunidad.  Y las conductas torcidas de los funcionarios y sus aliados son éticamente reprobables y merecen la condena no solo judicial, sino social y de una manera más contundente el rechazo de los  altos funcionarios y directivos superiores de la Administración Pública, empezando por el Presidente de la Republica, que es el jefe de Estado, jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa y continuando con los gobernadores y Alcaldes quienes en última instancia, son los que marcan el nivel de honestidad en el manejo de los recursos de sus jurisdicciones.

Esto mismo es extensivo a las responsabilidades de todos a los funcionarios que desempeñan los altos cargos de las ramas legislativa, judicial y los organismos  electorales, del ministerio público y  de control y demás entidades descentralizadas de cualquier nivel.

Las calificaciones de las conductas no debidas en el desempeño público están  cargadas de valores sociales, económicos, culturales y aún religiosos. En Colombia, hay zonas en las que no  se distingue lo legal del contrabando desde hace siglos y existen  familias que siempre han vivido de los recursos del Estado, ya por dominio social o por el poder de los cargos o del manejo de los resultados  electorales. Así también, de manera implícita el gobierno de turno entrega a ciertos políticos, grupos económicos o gremiales del manejo de determinados organismos y contratos estatales como parte de los compromisos electorales. Es decir, existen conductas  no debidas que en lo general se hacen “normales”.  Y ellas solo pueden corregirse  con la firme voluntad de los altos jefes de la Administración Pública (lo repetimos- es muy importante que el jefe máximo de la organización pública sea el garante de los comportamientos éticos) y la aplicación de una ética del funcionario público, en razón de su profesionalismo, respaldada por la legislación (Ley 734 de 2002 y demás normas).

Así mismo, las conductas no debidas vienen impregnadas de acciones volitivas individuales surgidas de la moral, que desenmascara el carácter del actor y que mezcladas en las relaciones sociales, aprovechan con toda naturalidad los intersticios de las normas, donde las actuaciones con total cinismo pueden llegar a transgredir lo ético, encubiertas por las explicaciones socializadas de las posiciones socio-económicas de los actores o por la jerarquía del cargo que se ocupa: “el poder es para poder” “el jefe no está ebrio, esta mareado”; “en mi empresa yo lo hago”, “como trabajo hasta tarde tengo derecho a…”, “como otorgo becas, mis hijos también tienen derecho”, “como este computador me ha acompañado en mi cargo me lo llevo para mi casa”, “como he soñado con un vehículo de lujo, compremos uno para la dirección”. Con racionalizaciones de este tipo se van imponiendo los hábitos individuales como ingredientes de la cultura de la organización pública correspondiente y entonces aparecen estas conductas como “buenas costumbres” o acciones que se “normalizan” en el rutinario desempeño de las funciones: “celular para la señora” “el carro oficial que lleva los niños al colegio”, “los escoltas motorizados que acompañan al niño a las clases de natación”,” el conductor oficial que lleva a la esposa a mercar y que lleva la suegra donde el medico” y cien y más conductas, que implican gastos públicos en beneficios de unos pocos que se han apropiados de los recursos del Estado en gracia a su papel de funcionario público, llegando a extremos de pagar el mercado particular y demás gastos con  la tarjeta de crédito corporativa o cubrir los salarios de sus empleados personales( chofer, ama de llaves, empleada del aseo, niñera u otro oficio) con los dineros de Estado. Lo que algunos le llaman eufemísticamente, “indelicadezas”.

Estos hechos  no han sido exclusivos de un solo país, pero si en aquellos donde campea las prácticas corruptas y  en algunos gobiernos cobran “victimas” cuando los altos jefes se convierten en líderes  de los comportamientos éticos, como ha sucedido con Dilma Rousseff,   la presidente del Brasil desde el 1 de enero, quien acepto la “renuncia “ del ministro de turismo, denunciado por el pago de los empleados de su casa con dineros públicos , para sumar en menos de 100 días cuatro ministros renunciados por corrupción. A la par en Colombia, se conocía la renuncia del director de la Agencia Estatal de Hidrocarburos, denunciado por una presunta  adjudicación de becas en las que incluyo a sus hijos con dineros  de transferencias destinados a ciencia y tecnología.

Claro, está que dichas racionalizaciones son  algunas veces cristalizadas en normas que simulan la legalidad de los hechos, pero ellos no son “socialmente aceptados”, como sucede con los cargos de los auxiliares de los parlamentarios, que algunos son empleados personales del congresista en oficios no propiamente para la labor legislativa o con el caso concreto del subsidio a la gasolina que ha revivido el actual Presidente del  Senado Juan Manuel Corzo, quien además declaró que no puede cubrir con su sueldo(al mes $17’786.876)  sus gastos de gasolina.

El subsidio a la gasolina para congresistas consiste en la entrega de unos bonos para tanquear  sus carros en las cantidades según la jerarquía del cargo, así: Presidencia: 450 galones; primera vicepresidencia del senado: 350 galones; segunda vicepresidencia del senado: 350 galones; presidentes de comisiones constitucionales: 100 galones; vicepresidentes comisiones constitucionales: 100 galones; secretaría general: 250 galones; comisión de administración: 200 galones a cada uno de sus integrantes; dirección general administrativa: 200 galones; subsecretario general: 150 galones; oficina de protocolo: 150 galones; oficina de prensa: 100 galones; división de bienes y servicios: 150 galones y sección de relatoría: 100 galones.

Casos como estos se van volviendo costumbres en las organizaciones públicas, sean unos realizados en las zonas grises al filo de “ético”  o bien bajo el disimulo normativo más por presión o fuerza bruta del poder que por aceptación social y se convierten en “patentes de corso”, en referencia a los piratas y no al apellido del actual presidente del Senado (Corzo); quien dicho sea de paso, llego al cargo  con la intención de revivir la ya olvidada figura de inmunidad parlamentaria.

Por:

Efrén Barrera Restrepo, Ph.D.

Gerencia Pública & Marketing