Considerado la competitividad de un país como la capacidad de su economía de participar efectivamente del mercado mundial y regional con productos de buena calidad y precios que le permiten hacerse a una parte considerable de dichos mercados y aunque son finalmente las empresas las que compiten y se hacen a una porción del mercado, no puede soslayarse que es toda la economía en general, quien crea el entorno adecuado para que esto sea posible. Es toda una cadena productiva o cluster, el que hace posible que una empresa sea exitosa.

En la posición competitiva de una industria, debemos distinguir factores internos y externos. En los primeros esta el nivel tecnológico, la organización para la producción, experiencia, calificación de todo el  personal y su grado de especialización, su capacidad de investigar e innovar, en fin todas las variables que definen su grado de eficiencia. Entre los externos, están los proveedores, las vías, los puertos, los medios de transporte, los servicios públicos, el sistema educativo, la oportunidad del sistema de salud, el sistema financiero, las políticas públicas, los impuestos, la gobernabilidad política, la tasa de cambio, la política macroeconómica en general.

Pero la posición competitiva no sólo es necesaria para ganar mercados o nichos de mercado externo, sino que es indispensable para conservar los mercados internos cuando la economía se está abriendo, es decir, cuando la producción nacional se está sometiendo a la competencia mundial.

En esta situación el sector público debe garantizar la parte que le corresponde en el entorno económico para que las empresas conserven la posición competitiva. La gerencia pública debe ser igualmente eficiente y eficaz para mantener las variables macroeconómicas fundamentales equilibradas (inflación, empleo, crecimiento, tipo de cambio). Un buen gobierno debe propiciar todo un círculo virtuoso cuyo desenlace es mantener las condiciones favorables para la competitividad.

Con  el fenómeno de la globalización, el Estado debe considerar que en vastas zonas de sus territorios la presencia es débil e incapaz de asegurar derechos ciudadanos, mientras que en algunos sitios específicos el Estado es muy firme en la protección de los emprendimientos empresariales, casi siempre orientados a la explotación de los recursos naturales para la exportación, liderados por empresarios extranjeros. Así, el Estado se debilita en algunos temas pero se convierte en un agente efectivo y necesario para asegurar el flujo del capital.

Esto obedece a la defendida visión optimista del desarrollo basado en promover las exportaciones, la liberalización del comercio y el ingreso a la globalización. Esa perspectiva sostiene que el aumento de las inversiones y las exportaciones es un ingrediente esencial del desarrollo, si bien se acepta que algunos sectores recibirán impacto negativo, el balance siempre será positivo.

Pero hay evidencias de la asimetría de esa estrategia: las pérdidas económicas, la baja generación de empleo y el impacto ambiental se acumulan; genera conflictos sociales con grupos nativos que intentan tener participación en el control de sus territorios. Las presiones territoriales atienden presiones externas y condiciones internas. En todos los casos el Estado-nación como articulador de los espacios nacionales está siendo profundamente modificado. Y eso se da de manera más sobresaliente en la industria de la minería, que ha sido puesta como una de las cinco locomotoras del desarrollo y prosperidad.

Prevalece la idea de que una economía con una naturaleza rica que debe ser explotada no únicamente para resolver necesidades internas sino para exportar. Se cree que ello generará los recursos para atacar la pobreza y cubrir la deuda externa. Se debe pues atraer la inversión extranjera para explotarlos y aumentar el empleo. Las exportaciones se conciben como el principal motor de desarrollo. Nuestras exportaciones (Colombia) siguen siendo principalmente materias primas y bienes básicos. La extracción y manejo de los recursos naturales tiene una dimensión territorial significativa: impacto ambiental, efectos sociales  negativos, pobre generación de empleo, pobre recaudo tributario y transnacionalización de la economía. El acceso y control del territorio son la llave para obtener estos recursos naturales y es allí donde se juegan procesos esenciales.

Hay un proceso de desterritorialización del Estado-nación, no en el sentido de pérdida de territorio sino en la pérdida de la capacidad del Estado para regular el uso de su territorio: pérdida de capacidad para impartir justicia, control de impactos ambientales o manejar la extracción productiva en amplias zonas. Por otra parte el Estado aplica algunas regulaciones, en especial aquellas que permiten la extracción y procesamiento de los recursos naturales para la exportación. Esta es una forma de desterritorialización porque esas regulaciones están relacionadas estrechamente con procesos externos.

Y si se observa la incapacidad del Estado para ofrecer seguridad y aplicar justicia en amplias zonas rurales, es más frustrante ver el escaso control del Estado en los territorios dedicados la minería y el escaso (por no decir nulo) control de la conservación del medio ambiente, cuando en el gobierno nacional y departamental, solo se observan oficinas de burócratas, sin los conocimientos especializados y sin la tecnología adecuada; como lo acaba de reconocer el mismo Ministro de Minas (El Colombiano. Enero28/2011. pág.10), quien declara que sólo cuenta con 16 inspectores para vigilar 3000 minas legales. Esto es sin contar las ilegales e informales convertidas hoy en foco de problemas de inseguridad y de negocios cruzados con el narcotráfico.

Y entonces se repite la historia de otras bonanzas mineras, que han sido aprovechadas por seleccionados grupos sociales, algunos en raya con la delincuencia, que ante la incapacidad técnica, tecnológica y política de un control efectivo de las zonas, estas quedan al margen de todo proceso social que favorezca el desarrollo digno de la población. Cuando se pierde la dimensión pública del Estado y no hay cobertura sobre derechos fundamentales de los ciudadanos, se construyen organizaciones de poder local con fuerte grado de violencia, que la mayoría de las veces en connivencia de las empresas multinacionales se crean “territorios especiales” dentro del Estado–nación.